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Aprueban sancionar a servidores públicos que difundan imágenes de crímenes o delitos

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Ciudad de México.- La aprobación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal, para sancionar a servidores públicos que difundan imágenes, videos, documentos o indicios de crímenes o delitos, tiene como principal objetivo acabar con el mercado negro de este material, que se ha detectado en la Ciudad de México, pero de ninguna manera pretende coartar la libertad de los medios de comunicación, aseguró el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Eduardo Santillán Pérez.

En entrevistas coincidió en lo anterior la integrante de la bancada del PAN en el Legislativo local, Ana Patricia Báez Guerrero, al expresar que no se pretende ir contra fotógrafos y reporteros que difundan las imágenes, porque se apela a que éstos actúen con ética y respeto, cuando tienen acceso a la escena de algún crimen, al tiempo que indicó que se tendrán que presentar las pruebas contra los que lucran con algún hecho, para proceder con la aplicación de las sanciones.

Luego de que los legisladores aprobaran, por unanimidad de 58 votos la adición del artículo 293 Quáter al Código Penal, para establecer las sanciones cuando se presenten estos sucesos, a raíz del caso del asesinato, hace un año, de la joven Ingrid Escamilla, cuyo cuerpo mutilado fue ampliamente difundido en redes sociales, el morenista Eduardo Santillán y Ana Patricia Báez, quien presentó una iniciativa al respecto, sostuvieron que no se trata de coartar la libertad de expresión de los ciudadanos y mucho menos de los medios de comunicación, quienes deberán aplicar sus propio Código de Ética en cada caso.

“No vamos a ir en contra de los medios de comunicación porque creemos en la libertad de expresión, ni mucho menos con cualquier persona que tome imágenes de un hecho delictivo, al estar en el lugar, sino de quienes lucran con lo acontecido y venden fotos o videos”, aclaró el representante popular de Morena.

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Insistió que hay un mercado negro de venta de imágenes de delitos por parte de servidores públicos, ya sean paramédicos, policías y ministerios públicos, entre otros que acuden a la escena del hecho, para distribuirlas con fines de lucro, lo que será sancionado ahora con la denominada Ley Ingrid.

La legisladora Báez Guerrero expuso que no debe haber revictimización de los involucrados en el delito y sus familiares. Acotó que la reforma legal efectuada es un buen paso para sancionar a servidores del gobierno local, que fuera de toda ética y respeto a la víctima, lucran con la desgracia de las personas, en tanto que los medios de comunicación deben actuar de manera adecuada.

Aseveró Santillán Pérez que lo aprobado no aplica para un fotógrafo profesional o algún otro trabajador de medios de comunicación que acuda al lugar del hecho y tomen imágenes y las difundan, porque hacen su trabajo y tienen libertad de expresión, pero en caso de que llegaran a alterar la escena del delito, existen sanciones aplicables.

En el artículo nuevo, el 293 Quáter, se señala: “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

De esta manera, a favor de poner en prisión a servidores públicos que difundan imágenes o información de procedimientos penales, se pronunciaron integrantes de todas las fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, al aprobar la adición al Código Penal del Distrito Federal.

El dictamen, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales Herrera de Morena, la perredista Gabriela Quiroga Anguiano y la panista Báez Guerrero.

Se concretó la reforma para sancionar penalmente a la persona servidora pública que de forma indebida difunda información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, relacionado con algún procedimiento penal.

Podrán imponerse de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien incurra en dichos actos.

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El representante popular de Morena destacó la importancia de la reforma que busca proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres. Se logra que las personas servidoras públicas no filtren imágenes o videos de manera ilegal o se comercialicen.

Las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

Ciudadanía y medios de comunicación deben generar conciencia en estos temas, pensar en las víctimas y sus familiares, expuso Báez Guerrero, mientras que Santillán Pérez refirió que los funcionarios tienen la obligación de cuidar la escena del hecho.

Quedó asentado que el respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen.