Ciudad de México.- El Gobierno de México acusó a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, de “robar” 250 millones de dólares del erario y ocultar el dinero en cuentas bancarias en Barbados y Estados Unidos, pero no cuando era funcionario, sino durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, según la demanda civil presentada el martes por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami-Dade, contra ocho personas físicas y 39 personas morales, con la que busca recuperar dicha cantidad.
La demanda incluye, además de García Luna, al ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, José Francisco Niembro González y su esposa Martha Nieto Guerrero; a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y a sus socios y supuestos
prestanombres, los empresarios Mauricio Weinberg Lopez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.
«Comenzando en 2012, y continuando al menos hasta 2018, el demandado García Luna y personas actuando bajo su dirección, ilegalmente obtuvieron al menos 250 millones de dólares del Gobierno de México, mediante un complicado esquema de contrataciones públicas ilegales, y transfirieron esos fondos a los Estados Unidos y otros lugares”, dice la demanda.
«Los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de lavado de dinero que incluye al menos treinta empresas localizadas principalmente en Florida, al menos treinta inmuebles, múltiples automóviles y navíos, y
fondos sustanciales en cuentas bancarias”, agrega.
La demanda detalla, por ejemplo, treinta transferencias a partir de noviembre de 2015 al Occidental Bank en Bridgetown, Barbados, que sumaron 160.7 millones de dólares y se originaron en pagos del Gobierno de México.
Casi todas las transferencias fueron a la empresa Nunvav, con sede en Panamá, que recibió el dinero de los contratos con el Gobierno, pero los dos últimos depósitos en Barbados, realizados el 18 de diciembre de 2019 por 12.9 millones de dólares, fueron para Gull Holding Enterprises, empresa creada por Alexis Weinberg y Natan Wancier.
Los departamentos motivo de la demanda se ubican en desarrollos como Icon Brickell, Peninsula Aventura y Jade Ocean, pero doce de ellos ya no son de las entidades vinculadas con García Luna, sino que fueron vendidos a terceras personas por un total de 17.2 millones de dólares, varios de ellos en 2020 y 2021.
Niembro González, en tanto, es demandado por un departamento en el condominio Bellini Williams Island, adquirido en octubre de 2013 por 1.2 millones de dólares, y puesto a nombre de su esposa en 2017.
García Luna fue titular de la SSP de 2006 a 2012. Posteriormente se mudó a Florida y se dedicó a negocios privados de consultoría de seguridad. Desde diciembre de 2019 está preso en Nueva York, acusado por el Gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
En el sexenio de Peña Nieto, Nunvav recibió contratos de la Secretaría de Gobernación por 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares. Según la demanda, García Luna arregló “mediante sobornos, manipulación de ofertas o corrupción” que sus cómplices no tuvieran problemas” del lado del Gobierno mexicano” por dichos contratos.
La UIF tendrá que probar a la Corte de Miami que estos contratos fueron ilegales, para sostener su alegato de lavado de dinero.
El caso intentado por la UIF, que podría tomar años para una sentencia si los demandados montan una defensa legal sólida, es parecido al promovido en 2016 en la misma corte por la sindicatura de la quiebra de la sociedad financiera popular Ficrea.
En ese caso, se buscó recuperar más cien propiedades compradas por Rafael Olvera, ex dueño de Ficrea, con 35 millones de dólares que defraudó a los clientes de la sofipo, y el litigio tuvo éxito porque el propio Olvera aceptó devolver los bienes en 2019.
Con información de: Grupo Zócalo
