Ciudad de México.- Durante el año pasado, al menos 25 personas
defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente, de acuerdo con un informe presentado ayer por el Comité Cerezo.
«Dichas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por motivos
políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de
defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas
defensoras de derechos humanos estaban realizando”, indicó el
reporte.
«Los perpetradores fueron agentes del Estado bajo la modalidad
de comisión o aquiescencia”.
El registro del Comité Cerezo detalló que siete de las ejecuciones
ocurrieron en Oaxaca, cinco en Chiapas y cuatro en Sonora, mientras que en Morelos y Guerrero se cometieron dos crímenes en cada estado y uno en Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Colima y Campeche.
«El derecho que defendían 12 de las personas defensoras víctimas
de ejecución extrajudicial es el derecho al territorio, cinco
defendían la vida digna y cuatro el medio ambiente”, detalló.
«Mientras que hubo dos víctimas de ejecución extrajudicial por
defender derechos humanos y un caso de defensores de la libertad de expresión y de los derechos laborales”.
De las víctimas, 3 eran mujeres y 22 hombres.
El informe aclaró que en ninguno de los casos el “beneficiario” es el Gobierno federal.
«Hay 14 casos que tienen como beneficiario a autoridades de nivel
estatal y seis casos a autoridades municipales, y resalta el hecho
de que son cinco empresas privadas las beneficiarias de cinco
ejecuciones extrajudiciales”, explicó la organización civil.
El registro del Comité Cerezo indicó que en los tres años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido ejecutados 59 defensores, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 67.
«Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto Gobiernos
priistas como grandes empresas privadas, pero entre más control
territorial tiene Morena más casos acumula”, apuntó.
«Y es claro que también se sigue la misma lógica que en estados
priistas, es decir la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los
mismos patrones, los defensores son ejecutados por grupos
paramilitares (cuatro casos) y aunque no se pudo identificar al
resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son
gobiernos y por lo menos cinco grandes empresas privadas“.
En los dos primeros años de la actual Administración se registraron 17 ejecuciones en cada uno de ellos, por lo que 2021 tuvo un incremento de 8 casos.
Entre las víctimas registradas por el Comité Cerezo se encuentran el líder yaqui Luis Urbano Domínguez Mendoza, y el activista y fundador de Morena en Manzanillo, Colima, David Díaz Valdez.
«En nueve casos (el 32 por ciento) de las víctimas de ejecución
extrajudicial se sabe que las víctimas eran personas defensoras
de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena y en
68 por ciento mestizas (19 casos)”, detalló el informe.
Con información de: Periódico Zócalo
