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Exhiben actos de corrupción, abuso de autoridad y daño patrimonial al interior de la CEA en Guaymas y Empalme

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Este día, una empresa externa que practicó una auditoría a Comisión Estatal del Agua (CEA) Guaymas-Empalme, denunció ante la Contraloría del Estado posibles actos de corrupción, abuso de autoridad y daño patrimonial generado desde el interior del organismo operador.

Para llegar a esta determinación, con conocimiento de causa del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se contrató a la empresa Fiscales del Agua Mex S.A. De C.V., para regularizar la cartera vencida en el sector privado, donde debían establecer los motivos de adeudo de cada cliente moroso, para buscar un acercamiento y lograr la regularización de pagos.

Desde que se inició la auditoría, refiere en la demanda el representante legal de la empresa fiscalizadora, Óscar Sotelo Badilla, se detectaron infinidades de anomalías por parte de desarrolladores de viviendas en las zonas de Guaymas y San Carlos, debido a que no contaban con contrato de agua potable o pagos de conexión, pero sí gozaban del servicio.

En la denuncia que se puso ante la Contraloría Estatal, señala directamente a la desarrolladora amaneceres Bahía San Carlos S.A. De C.V que trabaja en la construcción del complejo Belo Horizonte Residencial, como una de las empresas que estaba desfalcando a la CEA con posible conocimiento de causa de algunos empleados que presuntamente participaron con la conexión del servicio.

La demanda se impuso con la intención de lograr una reestructuración dentro del organismo operador del agua en al región de Guaymas, Empalme y San Carlos, para que los usuarios cumplidos gocen de los beneficios que merecen.

Extraoficialmente, se manejó que esta misma empresa auditora, interpuso una denuncia ante la Secretaría General de la Contraloría del Estado en contra del Subdirector Técnico de la CEA, Roberto Silva Osuna y otros empleados, por el daño que están provocando al patrimonio de los ciudadanos, que no puedan gozar de un suministro eficiente, porque se está desviando el beneficio del servicio de agua potable al sector privado, que no está pagando por éste.