Ciudad de México.- Riñas y robos menos a 500 pesos no se castigarán con cárcel, sino en los juzgados cívicos, de acuerdo con el anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Esto tiene el fin de dejar de criminalizar la pobreza y darle un «respiro» al Ministerio Público, esto forma parte de la Estrategia de Seguridad, Paz y Justicia en la CDMX, presentado por la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum.
Esta estrategia propone despenalizar el Código Penal local conductas como riñas, amenazas, robos sin violencia menores a 500 pesos, lesiones leves y bigamia, los cuales serán atendidos en los Juzgados Cívicos u tras instancias y ya no en el Ministerio Público.
También se propone una segmentación y salidas alternas para los delitos, de acuerdo en una política de prevención, en especial para los jóvenes.
El Observatorio de la CDMX destacó que se debe dejar de priorizar el ejercicio penal como medio de solución de problemas delictivos.
Con esto se plantea que se podrá desarrollar estrategias basadas en evidencia y de acuerdo a las tendencias que presenta esta modalidad.
El presidente del Semáforo Delictivo señala que no son malas estrategias, pero el reto está en su implementación.
De acuerdo con los datos de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el 34% de los delitos que se denuncian en la ciudad son robos sin violencia, lo cual sobrepasa la capacidad de investigación y acusación.
El Artículo 133 del Código Penal del Distrito Federal señala que se aplicarán penas de dos a seis años de prisión a la persona que lesione a otra en una riña.
Mientras que el artículo 220 de este ordenamiento, menciona, se sancionará con prisión de sera meses a dos años cuando ocurre un robo y el valor sustraído no excede 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (22 mil 600 pesos) o cuando sea posible determinar el valor de lo robado.
El Artículo 209 refiere que en cuanto a amenazas a otro con causarle algún mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión.
La estrategia señala los siguientes puntos:
Fortalecer el enfoque de atención a víctimas
Fortalecer la profesionalización de los servidores público de la institución
Actuar bajo los principios de la rendición de cuentas y la transparencia
Erradicar la corrupción
Fomentar la cultura de la denuncia
