Chilpancingo.- La Fiscalía General de Guerrero detuvo en Tlapa a Rutilio Julián Moreno, suegro de la menor de edad Angélica a quien presuntamente abusó sexualmente y en represalia por haberlo denunciado la mandó encarcelar en la comunidad de Dos Ríos, del
Municipio de Cochoapa el Grande, en la región de La Montaña.
Rutilio le exigía a Angélica y a los padres de ella que le devolvieran los 120 mil pesos que les pagó para que se casara con su hijo, quien se encuentra trabajando en Estados Unidos.
Fuentes de la Fiscalía informaron que, con base en una orden de aprehensión que dictó un juez penal de Tlapa, Rutilio está acusado de violación en agravio de la menor y se va a integrar una carpeta de investigación por el delito de trata menores de edad.
Esto último por haber comprado (Rutilio) a la niña para que se casara con su hijo Rafael Julián en la comunidad de Joya Real hace cuatro años cuando ella tenía once años de edad.
Si este Gobierno va a realizar estas acciones, como las ha dicho la Gobernadora, que lo hagan de manera eficaz, que vayan a las comunidades, que hablen en la lengua materna con la gente en asambleas”, planteó.
La Fiscalía General también está integrando una carpeta de investigación en contra de Juan Martínez Vázquez, padre de Angélica por el delito de trata de menores de edad.
Martínez Vázquez vendió a su hija por 120 mil pesos para que contrajera matrimonio con el hijo de Rutilio.
En cuanto a los integrantes de la Policía Comunitaria, de la localidad de Dos Ríos, se les integró una averiguación previa por los delitos de abuso de autoridad y lesiones en agravio de la mamá de Angélica.
Según las versiones, las guardias civiles, que a petición de Rutilio detuvieron y encarcelaron a Angélica, lesionaron a su mamá y eso le provocó un aborto en el Hospital General de Ometepec.
Fuentes de la Fiscalía informaron que en la carpeta de investigación la menor asegura que su suegro abusó sexualmente de ella.
El caso de la menor Angélica ha causado diversas reacciones de indignación por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niños.
Abel Barrera Hernández, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exigió castigo a los responsables y se pronunció porque el Gobierno de Evelyn Salgado Pineda tome acciones de verdad para acabar con los matrimonios
forzados y la venta de niñas en comunidades de esa región.
Mencionó que esta comisión interinstitucional que se planea que realice estas acciones tomen en cuenta el contexto en que se dan estas prácticas (matrimonios forzados) y sobre todo que trabajen con la gente de las comunidades.
Dijo que incluso los funcionarios deben de vivir en las comunidades para que se den cuenta a fondo de esta problemática.
