Ciudad de México.- El pasado 9 de marzo la PGR citó a los representantes legales de Sandra Ávila Beltrán para devolverle el predio, con un valor de 4 millones de pesos, que mantenía asegurado desde 2004.
Una casa valuada en 4 millones de pesos, propiedad de Sandra Ávila Beltrán, «La Reina del Pacífico», ubicada en Hermosillo, fue invadida mientras la Procuraduría General de la República (PGR) la mantenía bajo su resguardo.
El predio fue asegurado por la PGR desde agosto de 2004, además de las cuentas bancarias, pólizas de seguros, 10 millones de pesos en joyas, tres casas en la Ciudad de México y dos vehículos de lujo que la dependencia también retuvo.
Las medidas fueron dictadas desde 2002 como parte de las investigaciones de la PGR contra Ávila Beltrán por delitos contra la salud, delincuencia organizada y «lavado».
En 2011 estas acusaciones quedaron sin materia y las deudas con la justicia de Estados Unidos así como con la de México fueron saldadas.
Luego de limpiar su expediente penal, Ávila Beltrán y su defensa se dedicaron a recuperar los bienes asegurados por la PGR.
Entre estos, una casa ubicada en Hermosillo, Sonora, que desde septiembre de 2016 el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora ordenó a la PGR devolver a su propietaria.
AGOTAN RECURSOS
La Procuraduría agotó el recurso de revisión para evitar la entrega de la casa y falló en el intento.
En enero pasado el juez de amparo requirió nuevamente a la dependencia y al Registro Público de la Propiedad del Estado para que realicen la devolución del inmueble.
El 9 de marzo la PGR notificó a los representantes legales de «La Reina del Pacífico» para que acudieran el 13 de ese mismo mes a recibir física y jurídicamente la propiedad.
La PGR indicó que los acuerdos de aseguramiento fueron declarados nulos, únicamente con relación a la casa que se encuentra cerca del aeropuerto de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
La PGR también ordenó notificar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio local para que deje insubsistente la anotación preventiva que fue ordenada como parte del aseguramiento decretado en la averiguación previa 966/MPFEADS/2002.
Al llegar elementos de la PGR y los abogados de Ávila Beltrán descubrieron que la casa fue invadida por una mujer que ahí vive sin acreditar la propiedad.
