Hermosillo, Sonora.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la convocatoria para los interesados en participar en el proceso de designación de Fiscal General de Justicia del Estado, mientras en reunión celebrada aparte, los integrantes de la Comisión de Fiscalización validaron el informe de resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 y el dictamen sobre las cuentas municipales.
La convocatoria estará abierta del 16 al 20 de octubre, mientras el 22 del mismo mes se publicará en la página electrónica del Congreso del Estado el listado de los aspirantes registrados, y a más tardar el 25 de octubre deberá integrarse una lista con al menos cinco nombres que será presentada al Comité Ciudadano de Seguridad Pública, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la LXII Legislatura.
El diputado Jesús Alonzo Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sometió a votación el documento en lo general, sin que se presentara alguna objeción, y en la votación en lo particular se presentaron varias propuestas de adición, la primera por el diputado Eduardo Urbina Lucero, a fin de que se agregara a los requisitos la evaluación del examen de control y confianza.
“Me parece importante de origen marcarlo bien como un requisito fundamental, porque si no lo dejamos claro en las bases iniciales, lo que puede pasar es que una vez que nosotros decidamos que se termina el proceso, vaya al comité ciudadano y vaya al Ejecutivo estatal y nos lo regresen, si va a ser una limitante para que ingrese al registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, aseveró.
El diputado Montes Piña dijo que ese tema, por su relevancia, lo debería de tomar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, de manera que lo tomen como requisito para los aspirantes al cargo, ya que plasmarlo en la convocatoria sería ir en contra de la Constitución, mientras que el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño consideró que, independientemente de las leyes y los reglamentos, debían hacer posible lo propuesto por Urbina Lucero.
Propuso no regatear a que llegue un Fiscal fortalecido, ni a la sociedad, en este caso a las barras y colegios de abogados, y a los académicos, de darles la oportunidad del acercamiento para contar con un Fiscal legitimado en un proceso transparente y no a modo o que se haya elegido en el marco de la partidocracia, como ha sido la costumbre, sostuvo.
“Le recuerdo que este es un proceso marcado por la Constitución; no seremos nosotros en esta comisión, los que al final tendremos la última palabra. Los filtros son tres: nosotros, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y el Ejecutivo, luego entonces, nos tocará a nosotros decidir de entre la terna que nos envíen”, aseveró el Presidente de la dictaminadora en relación a la propuesta del diputado Urbina Lucero.
La diputada María Dolores del Río Sánchez opinó que debían ser cuidadosos y buscar un esquema paralelo, ya que agregar el requisito del examen de control y confianza sería inconstitucional, y coincidió con el diputado Castelo Montaño en establecer el principio de máxima publicidad para que este proceso llegue a todos los sectores que deseen participar.
A favor de que sí se estableciera un acuerdo que, aunque no fuese en la convocatoria, por cuidar lo que marca la Constitución local, permitiera socializarla con las barras y los colegios para su mayor difusión, se pronunció el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, en tanto la diputada Gricelda Soto Almada, consideró que una persona puede tener el mejor perfil y currículum, pero habría que recordar lo que ha pasado en el país con la designación de algunos funcionarios.
Finalmente a la convocatoria se le adicionó que los aspirantes incluyan manifiesto de que no se cuenta con conflicto de interés, el principio de máxima publicidad y que en la carta donde manifiesten su voluntad expresa de participar en el proceso de designación, se incluya que tenga énfasis en materia de derechos humanos.
Los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación y poseer una antigüedad mínima de diez años, así como título profesional de Licenciado en Derecho expedido por institución legalmente facultada para ello.
No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, y en caso de que haya incurrido en los delitos como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama pública, quedará inhabilitado para el cargo.
Los documentos serán recibidos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, sito en calles Tehuantepec y Allende, colonia Las Palmas de esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
Avalan informes de resultados de cuentas estatal y municipales
En reunión de trabajo de la Comisión de Fiscalización, posterior a su instalación formal, esta mañana se aprobó por mayoría validar los informes de resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y las de los 72 municipios, para que este lunes 15 de octubre sean presentados en una sesión ordinaria del Pleno del Congreso.
El diputado Francisco Javier Duarte Flores, presidente de la dictaminadora, conminó a sus compañeros a dar su mejor esfuerzo en el desarrollo de los trabajos que corresponden a esta comisión, y a atender con puntualidad y profesionalismo los temas que les sean turnados.
Enseguida presentó el contenido del informe que debe rendir la Comisión de Fiscalización respecto del ejercicio fiscal 2017 para su validación, en el que destacó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, como órgano constitucionalmente autónomo, es el encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas del Estado y de los municipios.
“Es importante mencionar que el informe que se nos presenta es el resultado del esfuerzo del ISAF, de haber realizado 672 auditorías públicas a un total de 154 entes públicos, entre los que destaca la fiscalización realizada por primera vez a 15 sindicatos y 26 asociaciones civiles, incluidas en el programa anual de auditorías”, expresó.
Como resultado de la fiscalización para los 113 sujetos fiscalizables del Gobierno del Estado se determinaron un total de 305 observaciones al Poder Ejecutivo, de las cuales 147 se encuentran en tiempo de respuesta; una al Poder Legislativo, en tiempo, y una solventada al Poder Judicial, así como 59 observaciones a los organismos autónomos, de las cuales 37 se encuentran en tiempo de respuesta, informó Duarte Flores.
En cuanto a los 41 entes fiscalizables, entre sindicatos y asociaciones civiles, se determinaron 32 observaciones, de las cuales 31 se encuentran en tiempo de respuesta, indicó, mientras que el alcance de la fiscalización al gasto público estatal en las auditorías financieras fue del 76 por ciento y del 70 por ciento en obra pública.
El Presidente de la Comisión de Fiscalización dio a conocer que también se detalla un informe de resultados de las observaciones que pudieran ser sujetas a responsabilidades. El contenido de los resultados presentados por el ISAF lo recibieron los integrantes de la comisión en sus correos electrónicos.
El diputado Eduardo Urbina Lucero dio lectura a la fracción XXV del Artículo 64 de la Constitución local, que establece la atribución del Poder Legislativo de conocer el resultado de la revisión de la cuenta pública correspondiente al año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y los 72 ayuntamientos.
“Es importante recalcar que simplemente vamos a declarar el conocimiento de lo que hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, no emitiremos una calificación o una postura sobre la cuenta pública”, afirmó.
En una primera votación para validar los informes, lo hicieron a favor los diputados Duarte Flores, Urbina Lucero y la diputada Nitzia Corina Gradias Ahumada, por lo que al requerirse cuando menos cuatro votos del total de siete integrantes, el asunto no podría presentarse este lunes 15 al Pleno.
En una segunda votación, ya encontrándose en la reunión el diputado Filemón Ortega Quintos, éste votó a favor y las diputadas Diana Platt Salazar y Marcia Lorena Camarena Moncada lo hicieron en el mismo sentido.
El diputado Francisco Javier Duarte Flores informó que los municipios cuya cuenta pública 2017 salió reprobada son: Cananea, Bacerac, Nacozari de García, Soyopa, Bacanora, Baviácora, Aconchi, Bácum, Naco, Arivechi, Tubutama, La Colorada, San Felipe de Jesús, Villa Pesqueira, Empalme, Nogales y Arizpe. Las 55 cuentas públicas restantes sí fueron aprobadas por el ISAF.
