Hermosillo, Sonora.- Un histórico de 500 denuncias en contra de servidores públicos del Estado y de los municipios ha registrado la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, informó a diputados el fiscal anticorrupción, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, así como el aseguramiento de bienes por un valor de 561 millones de pesos.
En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno presentado ante este Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal, el funcionario solicitó a los diputados ser partícipes en el replanteamiento en la Ley de modelos como testigos protegidos y denunciantes, por ser el combate a la corrupción algo que atañe a todos.
“Hay que replantear las leyes que aplican al combate a la corrupción, hay que mejorarlas y darles más herramientas a todas las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción. Adecuémonos como reto a las convenciones internacionales que van dirigidas al combate a la corrupción, reflexionemos sobre el esquema de la extinción de dominio, reglamentemos la figura del testigo protegido y del denunciante”, expresó.
Informó que en el área de atención temprana y de orientación se han atendido 9 mil 45 personas y al 15 de noviembre de este año se habían recibido 567 denuncias, de las cuales 241 corresponden a ciudadanos y 325 fueron presentadas por órganos de fiscalización y de control interno del Estado, de los municipios y de representación política.
De esas 567 denuncias, en la Fiscalía se han resuelto 230 investigaciones que se han presentado a través de denuncias, lo que significa que, a la fecha, la FAS resuelve el 41 por ciento de sus investigaciones, a diferencia del ámbito nacional, donde el promedio de las fiscalías en general no llega ni al diez por ciento de las resoluciones que se emiten por el Ministerio Público, sostuvo Espinoza Valdez.
El Fiscal Anticorrupción informó que otros resultados son: 64 personas que han rendido cuentas ante la justicia estatal, 53 de ellas bajo el sistema tradicional y once en el nuevo sistema de justicia penal; hay gente procesada de niveles 12, 13 y 14; a nivel municipal dos ex alcaldes, uno de ellos sentenciado; ex tesoreros municipales, directores de órganos paramunicipales y paraestatales.
“En tales procesos penales los delitos que competen a nosotros alcanzan fianza y el procesado puede exhibir una garantía, y a la fecha, en la FAS se tienen más de 77 millones de pesos que están exhibidos en garantía y en un futuro, cuando haya una sentencia condenatoria, con eso se podrá reparar el daño”, aseveró.
En Sonora se tienen seis sentencias condenatorias, lo que refleja que el Estado es referente nacional, dijo, ya que la complejidad y el contexto implican diferencias sustanciales en una forma de procurar justicia en delitos comunes o en el combate a la corrupción, además de que se han remitido 105 incompetencias a la Procuraduría General de la República, a la que se les turna la investigación casi terminada y la PGR ejerce la acción penal.
En términos de auditoría se tienen 65 dictámenes periciales, 238 opiniones técnicas para determinar si existió o no posible desfalco, sumado a la parte de la investigación, cuya coordinación en materia de análisis de información ha recibido 909 órdenes ministeriales y se han cumplimentado 644 a la fecha.
El titular de la FAS informó que se han presentado 104 recursos en contra de las sentencias favorables a la Fiscalía que le ha otorgado el Poder Judicial de la Federación, de manera que dichos recursos se llevan hasta 18 meses para su resolución, lo que hace que retarde la procuración de justicia, que aunque calificó como válido acudir a una suspensión provisional por parte del acusado, en la mayoría de los casos dilatan los procesos, señaló.
Al término de la exposición, al funcionario le hicieron diversos cuestionamientos los diputados Ernestina Castro Valenzuela, Nitzia Corina Gradías Ahumada, Carlos Navarrete Aguirre, Rodolfo Lizárraga Arellano, Gildardo Real Ramírez, Fermín Trujillo Fuentes, María Dolores Del Río Sánchez y Luis Mario Rivera Aguilar.
Las preguntas giraron en torno al status en que se encuentra la investigación contra ex dirigentes del Partido Acción Nacional, en qué va la investigación al ex alcalde de Nogales (2012-2015), si piensa renunciar ante su opaco desempeño, cómo se encuentra el proceso contra el ex gobernador Guillermo Padrés Elías y cómo garantizar que los recursos se utilizan en el combate a la corrupción.
También le preguntaron sobre testigos falsos en el proceso que se le sigue al ex secretario de Comunicación Social de la anterior administración estatal, cuántos servidores públicos han sido sancionados y cuántos han terminado con acusación penal, y por qué se ha dilatado en iniciar procesos a los ex alcaldes de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta; Nogales, Ramón Guzmán y Guaymas, Otto Clausen Iberri.
Se le cuestionó por qué ha filtrado información a medios nacionales, se le dijo que es militante del PRI, que actúa como instrumento para golpear a la oposición, que debería renunciar; se le preguntó si ya habló con la nueva Fiscal General de Justicia, cuáles son los perfiles de las personas denunciadas, en qué va la denuncia presentada en diciembre de 2016 contra el Director de Alumbrado Público de Hermosillo, qué hay del dictamen de la Auditoría Superior de la Federación contra Telemax, los obstáculos a los que se ha enfrentado y qué opinaba de los sistemas municipales anticorrupción.
Espinoza Valdez aseguró que entiende el reclamo de los diputados por los temas que a la Fiscalía Anticorrupción le toca atender, que sabía que no iba a ser fácil y que en los tres años que lleva al frente de la misma puede hablar de resultados que si se comparan con otras entidades, son superiores, a tal grado que fue nombrado presidente de la convención nacional de fiscales anticorrupción por el trabajo desarrollado en Sonora, ya que sus integrantes evaluaron lo que se ha hecho en la entidad.
“Generar cambios para mí no es tarea sencilla y creo que para todos los que estamos aquí no es fácil; nuestras acciones siempre están sujetas a interpretaciones, a información que quisiéramos tener y a veces no se puede, pero para unos la búsqueda de la justicia puede ser un logro, mientras que para otros puede resultar una persecución política y eso yo creo que es lo lamentable”, puntualizó.
