Estados Unidos.- Un grupo de casos de cáncer en niños pequeños de Weston Elementary School, en Ripon, California, ha reabierto el debate sobre si la radiación de los campos electromagnéticos (EMFs, por sus siglas en inglés) de las torres de telefonía celular podría ser un factor coadyuvante.
En 2016, a la edad de 10 años, Kyle Prime fue diagnosticado con cáncer de riñón. Cinco meses después, a su compañero de clase, Mason Ferrulli, le diagnosticaron cáncer cerebral.
Este año, dos niños más de esta escuela fueron diagnosticados con cáncer. Además, tres profesores fueron diagnosticados con diversos tipos de cáncer desde 2016, junto con dos niños en edad preescolar que viven cerca de la escuela y un ex alumno, a quien se le diagnosticó cáncer cerebral a la edad de 22 años.
Los padres de Prime y Ferrulli consideran que la torre de telefonía celular de Sprint ubicada en el campus podría haber estar involucrada, a pesar de que las pruebas revelan que funciona normalmente y emite radiación inferior al estándar establecido por el gobierno.
«Se clasifica como un posible agente cancerígeno. Eso nos indica la existencia de alguna prueba. No somos ingenuos al hecho de que podría haber otros elementos, así como factores ambientales involucrados… pero la conclusión relacionada con esta torre es que no debería estar allí… en caso de haber indicios de que no es segura», indicó Mónica Ferrulli para CBS News.
Las directrices de seguridad de la radiación de teléfonos celulares son obsoletas
De hecho, para las personas que están familiarizadas con los efectos en la salud de los EMFs y la forma en que se establecen los estándares de seguridad del gobierno, tales resultados son una pequeña prueba de seguridad.
Como señaló Joel Moskowitz, Director del Centro de Salud Familiar y Comunitaria en UC Berkeley (un área que ha adoptado una postura más estricta sobre la concienciación y seguridad de los EMF), «las directrices de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para la radiación emitida por teléfonos celulares, adoptadas en 1996, están desactualizadas y se basaron principalmente en el trabajo realizado por científicos pagados por la industria».
Por fortuna, aunque Sprint rechaza categóricamente cualquier posibilidad de daño a la comunidad, la empresa ha desactivado la torre e indicó que la movería a otra ubicación. Por el lado negativo, es probable que cualquier prórroga que se obtenga para esta área sea temporal, conforme se aproxime la implantación de tecnología 5G a nivel nacional.
La implementación de tecnología 5G podría elevar exponencialmente las exposiciones a los EMF
Ya sea que los EMF puedan causar o no efectos adversos graves, es una interrogante que solo se fortalecerá con el tiempo, en especial a la luz de la implementación de la tecnología 5G. Como señala The Modesto Bee:
“Ripon y muchas otras ciudades se preparan para la conversión de la industria inalámbrica a la tecnología 5G, diseñada para proporcionar un servicio de Internet de alta velocidad para teléfonos inteligentes.
La implantación involucra la instalación de cientos, si no miles, de dispositivos de ‘celdas pequeñas’ que expondrían a las personas a las ondas de radiofrecuencia en las ciudades.
Debido a que la tecnología 5G para operadores inalámbricos podrían utilizar ondas ‘milimétricas’ que viajan distancias cortas, es posible que se necesiten alrededor de 200 antenas de celdas pequeñas en una ciudad del tamaño de Ripon, mientras que la estimación para San José sería más de 4 000″.
Lo que es peor, la FCC revisó su reglamentación relacionada con la implementación de tecnología 5G en septiembre de 2018, lo que puede limitar los derechos de las ciudades a controlar la ubicación de estas antenas 5G.
Los Ángeles y otras ciudades presentaron una demanda para anular la nueva reglamentación de la FCC, pero el 10 de enero de 2019, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Circuito apoyó a la FCC. En un correo electrónico dirigido a Governining.com, Brian Namey, portavoz de la Asociación Nacional de Condados, indicó:
“Nos preocupa que la decisión de la FCC omita la toma de decisiones de la comunidad e impida significativamente la capacidad de los condados para garantizar la seguridad y bienestar de la población.
Compartimos el objetivo de la FCC de expandir el acceso de banda ancha para todos los habitantes de los Estados Unidos; sin embargo, al aplicar un enfoque universal no podría lograrse ese objetivo».
