Ciudad de México.- El 2020 inició con la entrada en vigor de nuevas disposiciones fiscales que equiparan con delincuencia organizada la expedición, compra o adquisición de facturas falsas.
Se trata del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, mismo que entró en vigor el 1 de enero.
El objetivo de los cambios es considerar como delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa a quien cometa el delito de contrabando y defraudación fiscal y sus equiparables, así como a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, por un monto superior a los 7.8 millones de pesos.
Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, comentó que al sector privado le preocupa que se preste a una mala interpretación o al uso indiscriminado de la ley para perjudicar la operación de alguna empresa.
Sin embargo, agregó que también existe una realidad, ya que hubo un abuso de temas fiscales por parte de algunas compañías.
“Sí ha habido empresas que se dedican a hacer facturas sin proveer el servicio para que otras hicieran deducibles esos gastos de una manera irresponsable y cometiendo delitos”, expresó.
El líder empresarial agregó que otra preocupación es el tema de la extinción de dominio, que podría utilizarse en contra de quien se involucre en alguna problemática de este tipo.
“Hay unas cláusulas que están completamente fuera de realidad, como es que te pueden quitar una propiedad sin que un juez dictamine una sentencia”, advirtió.
De acuerdo con fiscalistas, los cambios en las leyes fiscales para 2020 son positivos porque dan facultades a las autoridades para combatir a las factureras, pero advirtieron que no se deben de descuidar aspectos clave como claridad y seguridad jurídica.
