Hermosillo, Sonora.- Con la aprobación de tres acuerdos con exhortos, dos dirigidos a autoridades federales y estatales, y otro para integrar una Comisión Especial para brindar ayuda a los damnificados por la depresión tropical 19-E, así como la presentación de iniciativas para crear dos nuevas leyes y una para reformar la Ley del Agua, la LXII Legislatura concluyó actividades en el Pleno, correspondientes al mes de septiembre.
En esta última sesión del mes, la asamblea votó a favor de ratificar a los integrantes de la mesa directiva que encabeza la diputada Rosa María Mancha Ornelas. Los diputados Filemón Ortega Quintos, Marcia Lorena Camarena Moncada, María Dolores del Río Sánchez y Luis Mario Rivera Aguilar, continuarán durante octubre como vicepresidente, primera secretaria, segunda secretaria y suplente, respectivamente.
Conforme al orden del día aprobado por la asamblea, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa con proyecto de ley que regula el uso y control de vehículos oficiales al servicio del Estado, la cual se compone de 40 artículos con los capítulos: De las disposiciones generales; Del uso de las unidades; Del buen funcionamiento de las unidades; Del control de las unidades; De los accidentes, robo o daño total o parcial de las unidades; y De las responsabilidades y sanciones.
Reconoció el trabajo que se ha hecho en materia de combate a la corrupción, no obstante, dijo, es necesario seguir en la construcción de un marco jurídico que permita garantizar a los ciudadanos que las instituciones públicas trabajan a favor de la transparencia, la honestidad, la legalidad, la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y en hacer buen uso de los bienes que forman parte de sus patrimonios.
“Es una verdad que no se puede negar, que algunos vehículos oficiales son utilizados en muchas ocasiones para atender asuntos personales de algunos servidores públicos, para emplearlos en campañas electorales, es decir, se les ha dado un uso distinto para el cual fueron adquiridos, que no es otra cosa que atender las tareas que legalmente tienen encomendadas nuestras instituciones públicas”, expresó.
La iniciativa será turnada una vez que se integren las comisiones de dictamen legislativo, lo mismo que la presentada por el grupo parlamentario de Nueva alianza, con proyecto de ley de fomento a la corresponsabilidad social con base en el voluntariado para el Estado de Sonora.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes expuso ante el Pleno que el objetivo de legislar en este tema es para fortalecer y ampliar las posibilidades y esquemas de participación comunitaria, a través de una perspectiva solidaria, altruista y desinteresada, de manera que es necesario arraigar la cultura de la corresponsabilidad social a través de la práctica del voluntariado, de manera viable, progresiva y efectiva.
Agregó que este proyecto no contraviene la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Sonora. Propone diversas disposiciones para dotar de herramientas jurídicas a la Secretaría de Desarrollo Social y a los ayuntamientos, y da apertura permanente a la ciudadanía para que realice propuestas de programas en dichas instancias.
Y para que se implemente una nueva tarifa o cuota de agua igual a la domiciliaria a favor de las microempresas, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 113 de la Ley de Agua del Estado. Aclaró que se excluiría a quienes utilizan el agua como materia prima, a saber: lavanderías, lavados de autos, purificadoras, entre otras.
Sostuvo que de aprobarse esta propuesta, representaría un respiro para las y los contribuyentes al pagar el recibo, sin menoscabo de los recursos del Ayuntamiento, al que le corresponde prestar el servicio de agua potable, de manera que el cálculo de la tarifa sería el mismo que se cobra para el servicio domiciliario, y también se incluiría en las leyes de ingresos de los ayuntamientos.
“Con esta reforma ayudaríamos a impulsar el desarrollo de la microempresa, sin quitarle la carga fiscal, pero ubicándola en importancia con el servicio domiciliario, pues en muchos casos van de la mano”, aseveró el legislador.
A esta iniciativa se sumaron los grupos parlamentarios del PRI, MORENA y PES. El diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz propuso que se incluya a las asociaciones civiles y a los templos religiosos. La iniciativa original establece a los usuarios de agua de uso doméstico, microempresa y oficinas de servicios profesionales, con excepción de aquellos que la materia prima sea el agua.
Exhortan a autoridades federales y estatales
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó tres acuerdos, el primero que resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a los 72 presidentes municipales, a efecto de que mejoren su coordinación y replanteen las estrategias y acciones conjuntas que sean necesarias para afrontar la creciente ola de violencia y homicidios dolosos registrados desde julio a la fecha.
El diputado Gildardo Real Ramírez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, indicó que esta situación no es nueva, ya que desde 2016, Sonora experimenta un incremento de la inseguridad, que se ha manifestado en un alza sin precedentes en los homicidios, los robos a casa-habitación y a vehículos, así como robos con violencia a negocios y transeúntes.
A dicha propuesta se le hicieron algunas adiciones a partir de las propuestas presentadas, en estricto orden, por los diputados Luis Armando Alcalá Alcaraz, Jesús Alonso Montes Piña, María Dolores del Río Sánchez y Ernestina Castro Valenzuela.
El segundo Acuerdo aprobado por la asamblea es para exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, con la finalidad de que realicen estudios pertinentes para determinar el grado de contaminación y daños a la salud y al medio ambiente, ocasionados por la operación de las minas ubicadas en el municipio de Cananea, Sonora.
El diputado Carlos Navarrete Aguirre explicó que dichas autoridades deben, a la brevedad posible, realizar estudios, muestreos, inspecciones y todas las acciones pertinentes para determinar el grado de contaminación y daños causados al medio ambiente por las empresas mineras que operan dentro del territorio de aquella municipalidad, y de igual forma, lo hagan del conocimiento a esta Soberanía, a través de un informe detallado.
A este exhorto se sumó el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, con la representación legislativa del PVEM, bajo el considerando, dijo, de que ya se han hecho estudios, tanto por instancias internacionales como por diversas universidades, y la metodología para la evaluación de riesgos, tanto de protección civil como de protección al medio ambiente, no convergen ni en estrategias ni en escalas de acción, lo que resulta en la generación de procesos ineficientes e insuficientes.
Un tercer Acuerdo aprobaron los integrantes de la LXII Legislatura, con el objeto de integrar la Comisión Especial que brindará ayuda a los damnificados por la Depresión Tropical 19-E en el Sur del Estado, así como para supervisar la entrega de apoyos a dichas personas.
A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el diputado Martín Matrecitos Flores, dio lectura al documento que refiere que, en el caso específico, se propuso y se aprobó la conformación de una Comisión Especial, con lo cual se señala el asunto específico y el objeto de la misma, debiendo realizar las tareas inherentes mientras sea necesario brindar ayuda a los damnificados.
La Comisión quedó integrada por los diputados Filemón Ortega Quintos, presidente; Gricelda Lorena Soto Almada, Marcia Lorena Camarena Moncada, Francisco Javier Duarte Flores y Luis Armando Alcalá Alcaraz, secretarios.
Como penúltimo punto del orden del día, la diputada Gricelda Lorena Soto Almada presentó un posicionamiento en relación a diversos problemas que aquejan a los sonorenses. Dijo que como Congreso deben escuchar todas las voces, así como vincularse con organizaciones civiles, universidades, autoridades, pueblos originarios y ciudadanía, para conocer sus propuestas.
“Que juntos logremos, conforme a las necesidades o temas legislativos, que a través de las demandas sociales que constantemente se manifiestan, un ritmo igual entre Congreso e instancias gubernamentales y sociedad, sumando con ello la parte que nos corresponde”, aseveró.
El Pleno sesionará el martes 2 de octubre, a las 11:00 horas.
