Chihuahua.- Camila fue víctima del más atroz asesinato por pedofilia, confirmaron fuentes al interior de la propia Fiscalía. El presunto asesino, a quien las autoridades identificaron como Juan V. G., de 25 años, raptó a la menor la tarde del miércoles.
En las siguientes horas de cautiverio abusó sexualmente de la pequeña, grabó la violación, y la compartió a una red de pedófilos. Después la estranguló y abandonó el cuerpo en una brecha cercana al camino que conduce al poblado de San Diego de Alcalá.
En ese paraje solitario, siguiendo las referencias proporcionadas por el hoy acusado –que prestaba servicios como chofer de Uber–, elementos de la Policía encontraron la madrugada de ayer sábado el cuerpo de la niña de siete años, cuyo rapto mantuvo durante los últimos días en angustia a una familia y en vilo a la comunidad chihuahuense.
Durante la mañana, los datos de la investigación fueron reservados por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), pero por la tarde el gobernador confirmó la saña con la que se cometió el crimen: “Es un hecho cobarde…porque no solamente abusó sexualmente de ella, y luego la agredió todavía con su muerte, sino que se filmó, y eso habla ya de un nivel de brutalidad, de desprecio por la vida humana”, expresó Javier Corral en entrevista con medios de comunicación.
El lugar en el que se cometió el asesinato no fue precisado por las autoridades, pero en el sitio en el que fue localizado el cuerpo de la pequeña, a cuarenta minutos de la capital, ayer por la mañana sólo se observaban las cintas amarillas de “precaución” enredadas en un arbusto y un guante azul dejado por algún perito forense. La titular de la FEM, Wendy Chávez, confirmó que Camila no fue asesinada en ese punto.
Desde el pasado jueves Javier V.G., fue presentado ante la Fiscalía en calidad de testigo del caso. En esas primeras horas aportó datos falsos en un intento de distraer el curso de las investigaciones. Se presume que con ese estatus permaneció hasta ayer en la mañana, cuando se ejecutó la orden de aprehensión en su contra, en la avenida Juárez y calle 51, a dos cuadras de las instalaciones de la FEM.
La vio sola y la raptó
La niña y su familia tenían escasos 20 de días de habitar en una humilde vivienda en la avenida Independencia y privada de Ramírez, donde su madre y su tía compartían gastos de alquiler. Pagaban una renta de mil pesos mensuales por apenas dos pequeños cuartos en la que además de las dos mujeres habitaban otros cinco niños, dos hermanos y tres primos de Camila.
Los seis menores solían jugar por esa calle. Era común verlos juntos. Pero alrededor de las 5 de la tarde del miércoles, según declaraciones de su madre, Gloria Cobos, la pequeña Camila se alejó del grupo y desapareció.
De acuerdo con las investigaciones, Javier V. G., se acercó a ella y la obligó por la fuerza a subir a un vehículo blanco de su propiedad. La unidad estaba dada de alta en la plataforma de Uber, pero en un comunicado oficial la compañía afirmó que en ese lapso no se activó ningún tipo de servicio.
En la rueda de prensa ofrecida ayer la fiscal Wendy Chávez precisó que las investigaciones permitieron establecer que no había un lazo entre Camila y su victimario, tampoco con la familia.
La observó sola, a pocos metros de su casa, y la tomó por la fuerza.
Fingió ser testigo y colaborar con Fiscalía
Las primeras indagatorias, declaraciones de testigos y análisis de videos, permitieron conocer las características del auto en el que Camila había sido robada, así como la identidad de Juan V.G., quien aparecía como propietario.
El aseguramiento posterior de la unidad permitió que el conductor de Uber fuera puesto disposición de las autoridades en calidad de presentado.
Al principio el sujeto negó tener responsabilidad en los hechos y argumentó que había sido obligado a participar en el rapto de la menor.
Dijo que dos hombres le habían solicitado sus servicios y que los había llevado hasta el punto de la 20 de Noviembre e Independencia, donde cometieron el rapto, y que una vez sustraída la menor, lo obligaron a trasladarlos fuera de la ciudad.
Incluso brindó a las autoridades información sobre las características físicas de uno de ellos, con las cuales la Fiscalía Especializada de la Mujer elaboró un retrato hablado que difundió la tarde del mismo jueves pidiendo la colaboración de la población para dar con el paradero de quien hasta ese momento la autoridad creía era el asesino.
De esa falsa línea de investigación se desprendió también la versión inicial de la FEM, de que existían dos presuntos participantes en la privación ilegal de la menor.
En las siguientes horas y con el avance del interrogatorio, Juan V. G., incurrió en una serie de contradicciones, indicó la titular de la Fiscalía, Wendy Chávez en rueda de prensa, que permitieron reenfocar la investigación.
Pero desde el primer instante en que Juan V.G. compareció ante el Ministerio Público, la pequeña Camila ya había sido asesinada.
El atroz homicidio
La fiscal Wendy Chávez rechazó ayer abundar en detalles de la investigación bajo el argumento de que aún está en proceso, y dijo desconocer la causa de muerte, la hora y el móvil del crimen, sin precisar si la menor había sido víctima de abuso sexual.
Pero más tarde el gobernador Corral y fuentes al interior revelaron que el asesinato se cometió con saña y tintes de pedofilia.
Según esas informaciones, Juan V.G. videograbó la comisión de sus actos y compartió el video a una red de seguidores de pornografía Infantil.
Javier Corral no confirmó la existencia de esa red, pero sí la existencia del material de video.
“Fue una reconstrucción muy cuidadosa, primero de las declaraciones que él fue proporcionando, y luego de los dispositivos telefónicos que él pretendió borrar de varios de los archivos”, dijo en referencia a las filmaciones.
Con base en esos elementos y a las periciales practicadas en el auto en el que se cometió el rapto y el traslado del cuerpo de la pequeña, la FEM solicitó ayer por la mañana una orden de aprehensión ante Poder Judicial del Estado, presumiendo la culpabilidad del chofer.
Por los detalles proporcionados de su aprehensión, se asume que Juan V.G., fue arrestado justo cuando abandonaba las instalaciones de la FEM, ubicadas en la calle Juárez y 53, y cuando los elementos de Policía habían logrado ya dar con la ubicación del cuerpo de la pequeña Camila.
Además del de homicidio, el Ministerio Público formulará cargos adicionales en contra del imputado ante un juez de Control y –de ser hallado culpable– podría alcanzar una pena de más de 100 años de prisión, según estimaciones de la fiscal Wendy Chávez.
