Ciudad de México.- El bloqueo al paso de mercancías, productos e insumos esenciales iniciado el pasado lunes 13 de julio en el poblado de Corral, municipio de Guaymas, en el estado de Sonora, por un grupo de personas del Pueblo Yaqui, provoca severas afectaciones a la población en general, a empresas mexicanas y extranjeras y a la actividad económica del país.
La interrupción arbitraria del paso del ferrocarril de carga y del autotransporte ha derivado en una crisis logística que se comienza a manifestar en el desabasto de productos necesarios para los consumidores, para los procesos productivos y para el comercio exterior, debido al corte del flujo de mercancías a través de los cruces fronterizos de Nogales y Mexicali.
Las pérdidas estimadas, a más de 11 días de bloqueo, son de más de 75 millones de pesos y aumentan hora tras hora, con la detención de casi tres mil carros de ferrocarril y 170 mil toneladas de carga que es indispensable para las industrias automotriz, cementera, acerera, minera y para la producción agrícola, entre otras actividades fundamentales para Sonora y para México.
En momentos en que todos estamos llamados a un esfuerzo adicional para favorecer la recuperación económica por la pandemia de COVID-19, esta injustificada interrupción de las cadenas logísticas agrava la situación para la economía nacional y la de las familias mexicanas, además de que daña de forma directa a las exportaciones e importaciones hoy tan importantes para el país.
Entendemos la complejidad de la problemática que los manifestantes plantean y la necesidad de que haya mesas de trabajo con las autoridades de distintos niveles para construir soluciones adecuadas, sin afectar a terceros. Sin embargo, este bloqueo daña a industrias y personas que no tienen relación con dichas demandas, violenta la ley, coarta las libertades, daña la certeza jurídica indispensable para cualquier actividad económica y antepone el interés de algunos al bienestar de todos.
Refrendamos nuestro respaldo a las acciones que el gobierno de Sonora, con apego a la legalidad y en coordinación con las autoridades federales, lleve a cabo para dar solución política al conflicto y restaurar cuanto antes la libertad de tránsito en la zona colapsada.
Por su parte la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) hace un llamado a las autoridades correspondientes y a los manifestantes a entablar un diálogo constructivo y logren un acuerdo que restablezca el flujo de mercancías, pues de otra manera se está dañando a la industria nacional y a la sociedad que necesita de esos productos para su supervivencia.
“Debemos privilegiar el diálogo, y hacemos este llamado a que los manifestantes encuentren un mecanismo de presión diferente sin estar afectando al aparato productivo que además impacta a la sociedad de la región, los empleos y en general la imagen de la entidad”, comentó Francisco Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN.
