Hermosillo, Sonora a 2 de diciembre del 2020.- El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propuso reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado para garantizarles empleos dignos en los sectores públicos y privados.
El legislador por el Partido del Trabajo señaló que al adicionar el artículo 25 BIS a la mencionada Ley, se obliga al Gobierno del Estado y los Municipios, a destinar cuando menos el tres por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de adultos mayores.
Además, a las empresas, industrias, comercios y establecimientos en general, deberán de contratar por lo menos, el tres por ciento de su planta laboral a personas adultas mayores; y por ningún motivo se les podrá pagar menos que el destinado a una persona que no esté en edad avanzada por la realización del mismo trabajo.
Lizárraga mencionó que está propuesta va siguiendo la línea de la Década del Envejecimiento Saludable, propuesta por la Organización Mundial de la Salud, aunado que el PT busca mejorar la vida de los adultos mayores, sus familias y las comunidades en las que viven.
“Para el Partido del Trabajo es fundamental que los adultos mayores, puedan acceder a todos los satisfactores que necesitan para su pleno desarrollo y no queden en expuestos por la falta de apoyo y oportunidades. Mis recorridos por el distrito que represento, me indican que hay muchas necesidades que les tenemos que resolver a las y los adultos mayores y una de ellas es la falta de trabajo”, señaló.
Estamos en la Década del Envejecimiento Saludable dijo, y para que esto sea una realidad en Sonora, se debe de garantizar una vida digna a adultos mayores, por eso hay que darles oportunidades de empleo.
“Solo en conjunto podemos resolver los problemas que aquejan a las personas de la tercera edad. Las autoridades estatales, municipales y la iniciativa privada necesitamos trabajar para darles las oportunidades que se merecen”, enfatizó.
Esta iniciativa presentada este 1 de diciembre en sesión del Congreso del Estado, fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad para su análisis y discusión.
