Dicho monto corresponde a recursos que fueron transferidos a las entidades y, hasta la fecha del reporte, 29 de junio, no existía evidencia documental de su gasto para los fines asignados.
Los estados tienen 30 días para presentar la documentación que compruebe el uso de los fondos. A finales de octubre, se presentará el segundo informe de la Cuenta Pública 2017; y en febrero próximo, el reporte final. En caso de persistir las irregularidades o incrementarse, la ASF iniciará un proceso resarcitorio y de multas.
El Estado de México, con mil 15 millones de pesos; Tamaulipas con 958 millones de pesos, y Michoacán con 821 millones, son las entidades con más observaciones financieras por anomalías en el manejo de fondos federales.
Primer año
En la revisión hay gobiernos cuyos mandatarios fueron electos en 2016, por lo cual, ésta representa la primera fiscalización federal a su administración.
Del primer año de gobierno, Aguascalientes salió con 39.9 millones observados; Chihuahua, con 36.5 millones; Hidalgo, 89.6 millones; Oaxaca, 636.9 millones; Puebla, 36.6 millones; Quintana Roo, 33.6 millones; Sinaloa, 650.9 millones; Tamaulipas, 948 millones; Tlaxcala, 148 millones; Veracruz, 528.3 millones y Zacatecas, 65 millones.
Además, la ASF detalla que desde 2012 las entidades del país tienen pendiente por aclarar el destino de 71 mil millones de pesos, originalmente asignados para obra pública, educación, seguridad, salud y otros rubros.
En ese lapso, Veracruz es la entidad con mayores recursos, de los que no se conoce su destino con 16 mil millones, que corresponden a la administración de Javier Duarte, ex gobernador priista encarcelando por diversos actos de corrupción.
