Guaymas, Sonora.- Por allá en el año 2004 don Armando, hoy de 75 años de edad, tuvo la urgente necesidad de pedirle prestados 200 pesos a su patrón, a fin de comprarle unas medicinas a su esposa María de los Angeles, sin imaginar que ello se convertiría en una pesadilla, de perder su casita tras un juicio mal llevado.
Ayer, alrededor de las 14:30 horas un actuario del Juzgado Civil, acompañado de cerrajero para abrir puertas en caso de resistencia y con la presencia de elementos policiacos, llegaron a la casita de estos abuelitos a fin de causar ejecutoria a un mandamiento judicial para desalojarlos.
Una a una de las pertenencias de esta pareja, de 75 y 70 años de edad, fueron sacadas de la vivienda, que ella adquirió con un crédito de Infonavit en los años ochentas, cuando trabajaba en el Club Med, de San Carlos, Nuevo Guaymas.
Ambos abuelitos enfermos no tuvieron de otra que refugiarse en la casa de una de sus hijas, donde lamentan lo sucedido y no se explican cómo pudo pasarles esto, justo en el ocaso de sus vidas.
La historia se remonta cuando hace casi 15 años don Armando habló con su patrón en la Panadería Rosales, le pidió el dinero prestado y para ello le firmó el pagaré por los 200 pesos, pero este documento – aseguran – fue alterado por la suma de 200 mil pesos, y ahí fue cuando iniciaron los problemas legales en favor de la demandante Margarita “R”.
El caso que la pareja de vecinos contrató a un abogado para que les llevara el caso y defender su propiedad de lo que consideraban un abuso, pero al parecer el asunto no se atendió debidamente y por ello el juez de la causa resolvió el desalojo.
Hoy son Armando y doña María de los Angeles, ambos con pensiones muy reducidas, elaboran donas para lograr el sostenimiento del hogar, solo que ahora no saben qué va a ser de ellos con esta pesadilla.
“Es injusto que los dejen en la calle por una deuda de 200 pesos”, dice con coraje y desesperación una de las hijas de esta pareja afectada por la llamada “Justicia a Secas”.
